Ciudadano Presidente. Queremos contarle lo que nos está pasando, queremos compartir con usted el drama que amanece y anochece en el Estado Zulia, y al mismo tiempo proponer medidas que urgen en esta coyuntura que sin duda golpea a las familias zulianas, cada vez con más frecuencia y crueldad.
Resulta que al amanecer del domingo 08 de noviembre, después de celebrar un año más de vida de su compañera sentimental, asesinaron a Jomarf, un joven de 26 años, vinculado al proceso bolivariano, lleno de ilusiones y sueños por realizar; lo hicieron después de robarlo. Aunque el dolor desgarre a su familia y a nosotros sus amigos, sabemos que este es el drama cotidiano de muchos zulianos, a merced de una inseguridad que rebasa todo límite imaginable. A diferencia de tantos que perdieron la fe en las instituciones, nosotros hemos decidido alzar la voz, esperanzados en que sabrá oír nuestros planteamientos y exigencias.
Estas líneas no son producto del resentimiento, tampoco del odio que suele hacernos su presa en momentos terribles como éste. Es, más bien, una obligación moral que nace del compromiso, sin dobleces, de gente de buena voluntad que hemos acompañado, muchas veces de manera anónima, su trajinar tras la esperanza. Es un compromiso también con Jomarf y con tantos que, como él, sucumbieron ante la violencia de esta sociedad enferma; para que sus cenizas abonen la patria buena que se resiste a nacer.
En el Zulia se vive una situación trágica: muertes, robos, secuestros y paramilitarismo, mantienen en vilo a la población. Podemos atribuir tanta violencia a causas estructurales, a factores criminógenos de diversa índole; también a injerencia externa y factores desestabilizadores de carácter político. Podemos entender que, frente a tales circunstancias, sea necesaria la definición de una política criminal de estado que surta efectos en el largo plazo. Que esa política además haga énfasis en la justicia social y en la procura existencial, en contra de una sociedad intrínsecamente egoísta y criminógena como la nuestra. Lo que no podemos admitir es la negligencia del Estado en la articulación de políticas de corto plazo para contener la escalada criminal, mientras que la burocracia elucubra acerca de las soluciones de fondo. El fracaso del control se manifiesta en forma dramática en la ausencia de respuesta represiva en defensa de la vida, en la falta de voluntad para enfrentar la degradación del control formal en su conjunto: corrupción policial, del sistema judicial y penitenciario. No se trata, después de diez años, de proyectos pilotos de humanización, de esperar la policía nacional o de políticas espasmódicas de desarme, tampoco de puntos de control o de alcabalas; se trata de acciones eficaces que nos devuelvan con urgencia la tranquilidad y aseguren la vida de nuestros hijos. Lo decimos sin ambages, se trata de reprimir las conductas delictivas, en el marco del estado social de derecho y de justicia que prevé la Constitución Bolivariana; de manera enérgica y proporcional a los ataques que estamos sufriendo cotidianamente. Seguridad implica libre disfrute de derechos y garantías, por encima de todo, del derecho a la vida, que es matriz de todos los derechos. Cuando la burocracia estatal aplaza decisiones que comprometen estos derechos fundamentales, condena a muerte, por omisión, a mucha gente honesta que, ante el fracaso del Estado, no le queda otra salida que la defensa privada, el pago de vacuna, el encierro y el abandono de los espacios públicos y de la convivencia.
Le pedimos señor Presidente, interpretando a los zulianos de todos los signos ideológicos, a la gente honesta que se aventura a nuestras calles para ganar el sustento diario en medio de la incertidumbre; que ordene lo conducente para que se tomen las medidas urgentes que requerimos. A saber:
1. De acuerdo a lo previsto en el Capítulo III del Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de los servicios policiales y del cuerpo de policía nacional, se proceda a implementar los programas que permitan la evaluación del desempeño policial. Que se tomen, sin más dilación, las medidas que sean necesarias para luchar contra la corrupción policial, ante la incontrovertible evidencia de la participación de funcionarios policiales de la región en redes delictivas y en actividades que atentan contra el orden constitucional. Esto no obsta para que se continúen definiendo estándares de desempeño policial, ni para que se avance en la vigencia plena del nuevo modelo que prevé este instrumento legal.
Resulta que al amanecer del domingo 08 de noviembre, después de celebrar un año más de vida de su compañera sentimental, asesinaron a Jomarf, un joven de 26 años, vinculado al proceso bolivariano, lleno de ilusiones y sueños por realizar; lo hicieron después de robarlo. Aunque el dolor desgarre a su familia y a nosotros sus amigos, sabemos que este es el drama cotidiano de muchos zulianos, a merced de una inseguridad que rebasa todo límite imaginable. A diferencia de tantos que perdieron la fe en las instituciones, nosotros hemos decidido alzar la voz, esperanzados en que sabrá oír nuestros planteamientos y exigencias.
Estas líneas no son producto del resentimiento, tampoco del odio que suele hacernos su presa en momentos terribles como éste. Es, más bien, una obligación moral que nace del compromiso, sin dobleces, de gente de buena voluntad que hemos acompañado, muchas veces de manera anónima, su trajinar tras la esperanza. Es un compromiso también con Jomarf y con tantos que, como él, sucumbieron ante la violencia de esta sociedad enferma; para que sus cenizas abonen la patria buena que se resiste a nacer.
En el Zulia se vive una situación trágica: muertes, robos, secuestros y paramilitarismo, mantienen en vilo a la población. Podemos atribuir tanta violencia a causas estructurales, a factores criminógenos de diversa índole; también a injerencia externa y factores desestabilizadores de carácter político. Podemos entender que, frente a tales circunstancias, sea necesaria la definición de una política criminal de estado que surta efectos en el largo plazo. Que esa política además haga énfasis en la justicia social y en la procura existencial, en contra de una sociedad intrínsecamente egoísta y criminógena como la nuestra. Lo que no podemos admitir es la negligencia del Estado en la articulación de políticas de corto plazo para contener la escalada criminal, mientras que la burocracia elucubra acerca de las soluciones de fondo. El fracaso del control se manifiesta en forma dramática en la ausencia de respuesta represiva en defensa de la vida, en la falta de voluntad para enfrentar la degradación del control formal en su conjunto: corrupción policial, del sistema judicial y penitenciario. No se trata, después de diez años, de proyectos pilotos de humanización, de esperar la policía nacional o de políticas espasmódicas de desarme, tampoco de puntos de control o de alcabalas; se trata de acciones eficaces que nos devuelvan con urgencia la tranquilidad y aseguren la vida de nuestros hijos. Lo decimos sin ambages, se trata de reprimir las conductas delictivas, en el marco del estado social de derecho y de justicia que prevé la Constitución Bolivariana; de manera enérgica y proporcional a los ataques que estamos sufriendo cotidianamente. Seguridad implica libre disfrute de derechos y garantías, por encima de todo, del derecho a la vida, que es matriz de todos los derechos. Cuando la burocracia estatal aplaza decisiones que comprometen estos derechos fundamentales, condena a muerte, por omisión, a mucha gente honesta que, ante el fracaso del Estado, no le queda otra salida que la defensa privada, el pago de vacuna, el encierro y el abandono de los espacios públicos y de la convivencia.
Le pedimos señor Presidente, interpretando a los zulianos de todos los signos ideológicos, a la gente honesta que se aventura a nuestras calles para ganar el sustento diario en medio de la incertidumbre; que ordene lo conducente para que se tomen las medidas urgentes que requerimos. A saber:
1. De acuerdo a lo previsto en el Capítulo III del Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de los servicios policiales y del cuerpo de policía nacional, se proceda a implementar los programas que permitan la evaluación del desempeño policial. Que se tomen, sin más dilación, las medidas que sean necesarias para luchar contra la corrupción policial, ante la incontrovertible evidencia de la participación de funcionarios policiales de la región en redes delictivas y en actividades que atentan contra el orden constitucional. Esto no obsta para que se continúen definiendo estándares de desempeño policial, ni para que se avance en la vigencia plena del nuevo modelo que prevé este instrumento legal.
2. Con base en el mismo instrumento, que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia, haga valer sus competencias como órgano rector en materia policial, para coordinar políticas que redunden en mayor seguridad y resguardo de la población (Capítulo 4, Artículo 21).
3. Que se creen los núcleos de policía comunal, como estrategia para perfeccionar el trabajo conjunto y directo entre los cuerpos de policía y la comunidad.
4. Que la Fuerza Armada Nacional establezca procedimientos permanentes de resguardo de nuestra soberanía para que cese la invasión silenciosa de paramilitares a nuestro Estado. Este fenómeno que ha traído nuevas y más violentas formas delictivas, amenaza seriamente la paz y la seguridad de la región y tiene consecuencias impredecibles.
5. Que se investiguen los circuitos financieros del paramilitarismo y el narcotráfico en la región. Es vox populi el establecimiento de capitales de dudosa procedencia en nuestras ciudades, así como la compra de inmuebles y comercios con fines muy oscuros.
6. Que se destinen recursos para fortalecer los cuerpos de seguridad de la región, muchas veces en situación de inferioridad logística y de respuesta, frente a las mafias organizadas y la creciente delincuencia convencional.
7. Que se revise el sistema penitenciario para que cese la extorsión, el cobro de vacuna y la actividad delictiva desde la Cárcel Nacional de Maracaibo.
El gobierno nacional está obligado a dar respuesta a estas exigencias que no hacen sino reivindicar derechos y garantías constitucionales. Nadie se opondrá a tales medidas porque si hay algo que pone de acuerdo a los venezolanos es la necesidad de seguridad y de resguardo por parte del Estado. Que la adjetivación peyorativa y las evasivas retóricas den paso a un gran acuerdo nacional sobre este tema. Que se pongan al descubierto las conspiraciones y se condene a los responsables de esta calamidad con todo rigor; que cada quien asuma la parte que le corresponde, que el gobernador y los alcaldes hagan lo suyo, que cumplan con el juramento de defender la Constitución y las leyes, porque nosotros, ciudadanos de a pié comprometidos con la vida, se lo demandamos.
Nos suscribimos de usted con respeto,
inburo@gmail.com
